Intendente condenado por violación sigue en su cargo
- Giuliana Borgatti
- 1 sept 2020
- 3 min de lectura
Enrique Aybar es Intendente de Puerta de Corral Quemado, un pueblo de 600 habitantes de Catamarca, desde 2011. En agosto de este año fue condenado a 6 años de prisión por “abuso sexual agravado por ser encargado de la guarda” por un hecho ocurrido en el 2013. A pesar de la sentencia, Enrique Aybar seguirá hasta el 1 de septiembre.
Luego de años de lucha en contra del abuso de poder y del manejo de la justicia por parte del funcionario para posponer su condena, madre e hija lograron justicia.
Lo más indignante es que, a pesar de haber sido hallado culpable y de tener otras denuncias por abuso sexual, el mandatario seguirá ejerciendo su cargo hasta el 1 de septiembre. Si todo transcurre con normalidad, en esa fecha finalmente se darán a conocer los fundamentos del fallo, se definirán los plazos de la sentencia y el mandatario será trasladado al penal de Miraflores.
Luego de la condena la denunciante declaró:
“Estoy muy conforme con el fallo, ahora a esperar que la condena sea una condena efectiva. Y agradecer a todas las organizaciones que nos acompañaron en este proceso, a mis abogados, y sobre todo a mi familia que tuvo que aguantar y luchar todos estos años. A mi mamá, sobre todo”.

En abril de 2013, una adolescente de 15 años y su madre, confiaron que, el entonces intendente, maestro y director de su escuela, les ayudaría a conseguir una beca de estudio.
Con la excusa de ir a firmar unos papeles para la beca en la capital, Aybar llevó a ambas desde el pueblo hasta Catamarca. Aprovechándose de la situación, dejó a la madre en el hotel céntrico El Shincal, y se llevó a la adolescente engañada a un hotel alojamiento de las afueras, en donde la violó y amenazó.
La joven realizó la denuncia y desde entonces, acompañada por su familia y organizaciones feministas, vienen luchando por justicia. El pueblo de menos de 600 habitantes, tiene un sistema muy autoritario y casi el total de su gente depende económicamente de la municipalidad. Debido a eso, Enrique Aybar logró postergar y perjudicar el trabajo de la justicia a través de distintos artilugios: intentó la Suspensión de Juicio a Prueba (donde ofreció dinero para dar por finalizado el conflicto entre las partes sin su encarcelamiento) y un planteo de “nulidad absoluta”.
Según declaraciones a Clarín del abogado defensor de la entonces niña, Sebastián Ibáñez, Aybar “es un hombre con poder y contactos que ya frenó denuncias y el juicio varias veces”. Por eso ha logrado que desde 2013, sólo haya pasado doce días detenido, tras los cuales se fijó una caución y fue liberado.
Además, en una de las tantas postergaciones del juicio, el 27 de octubre de 2019, Enrique Aybar fue reelecto como Intendente por tercera vez.
El caso está marcado por denuncias de irregularidades por parte del imputado (otro artilugio conveniente para desviar la atención de su culpabilidad y para intentar retrasar aún más el caso). El intendente llegó a realizar una denuncia a Bruno Jerez, abogado de la víctima, en la Unidad Judicial Nº 1. A través de un escrito, Aybar indicó que Jerez le ofreció sus servicios, solicitándole una importante suma de dinero a fin de influenciar a los medios de comunicación y a funcionarios judiciales.
Al respecto Sebastián Ibáñez, abogado defensor de la denunciante, afirmó que “se nota la carencia de argumento jurídico toda vez que en vez de argumentar, ataca a la persona del abogado de la víctima...No tienen argumentos fácticos, solo el ataque a la víctima y sus abogados”.
Luego de la condena a principio de mes, al jefe comunal se le sumó un nuevo problema: su abogado defensor, Daniel Ortega, renunció al caso. La salida tendría que ver con diferencias profesionales y personales, según afirmó Ortega.
Ahora Aybar debe buscar otro abogado en un corto plazo para representarlo antes del próximo 1 de septiembre.
“A veces siento que no puedo más y lo único que hago es pensar en mi mamá, en que siempre está dando la cara y lo más valioso que hizo fue creerme. Conozco otras chicas a las que las mamás no les creyeron y pasaron por esta situación con el mismo tipo”, contó la víctima a Canal Abierto el año pasado, cuando esperaba el juicio inminente que debió esperar 14 meses más.
Este tipo de casos no son aislados. La falta de independencia del poder judicial es alarmante en toda la Argentina. En casos de pueblos como Puerta de Corral Quemado, la impunidad se evidencia habiendo pasado 7 años para tener una resolución del caso con un Intendente que, a pesar de la condena, no ha sido alejado de su cargo político.
De acuerdo con las últimas estadísticas de la Fundación Observatorio de Seguridad Ciudadana, en 2018 Catamarca registró una tasa de 73 casos de delitos en contra de la integridad sexual. Este resultado es preocupante ya que representa un 157,4% superior al valor nacional.





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